La onda expansiva de la insurreción de diciembre de 1933 en Araba

Labastida fue principalmente la localidad en Araba donde se hizo sentir el levantamiento anarquista de diciembre de 1933, debido en buena parte a la escasa implantación del anarcosindicalismo en el territorio. Sin embargo, los días posteriores al suceso si se registraron diversos incidentes en los que resultaron asesinadas dos personas y se llevaron a cabo numerosas detenciones.

El poco peso que en muchas zonas de Araba tenia la CNT y las ideas anarquistas y el hecho de que el movimiento revolucionario no estuviera tan programado como algunos creían, hizo que éste no se propagara desde Labastida al resto de la provincia, este enmarque es perfectamente explicable en el ámbito riojano-aragonés, con características propias y próximas al espacio real de la cuenca del rio Ebro, en que se obedeció la orden del Comité Revolucionario de Zaragoza. Pero lo cierto es que tampoco se sintió la sacudida en los municipios limítrofes.

La comarca en la que con mayor facilidad podía haber prendido el levantamiento era -por su proximidad geográfica y por su afinidad ideológica- el resto de la Rioja Alavesa. Sin embargo en Laguardia la tranquilidad fue absoluta, y la guardia civil pudo trasladarse a otros pueblos, quedando los vecinos, en especial los carlistas, vigilando la localidad. En Lapuebla de Labarca y Villanueba-Eskuernaga no hubo incidentes de importancia, aunque meses mas tarde el gobernador suspendió en sus funciones al Alcalde del segundo pueblo, por abandono de funciones durante estos sucesos.

En Elciego, donde existía un importante sindicato de la CNT, corrieron rumores de que los afiliados al Sindicato, que estaban muy activos, podían intentar el asalto a algún edificio público, a imitación de lo ocurrido en Labastida. Cuando la Guardia Civil tuvo que salir a intervenir a otros pueblos, el alcalde, Javier Díez-Caballero del PNV convocó a los partidos políticos y organizó un servicio de vigilancia, que monto guardia ante el ayuntamiento y la iglesia. A pesar de la aparente tranquilidad, quince días después la Guardia Civil detenía a David Lamaza, presidente del Sindicato Unico de Elciego, y a otros tres sindicalistas, acusado de haber cortado las líneas telefónicas y de asistir a reuniones clandestinas. El gobernador civil declaró que estos vecinos de Elciego habian colaborado en el pasado movimiento, como agentes de enlace con elementos de las provincias limítrofes. No debieron sin embargo, poder probarse estas aseveraciones, pues sólo uno de los detenidos, David Lamaza, fue procesado por el Tribunal de Urgencia, siendo finalmente absuelto. El gobernador impuso multas a otros dos detenidos, por celebrar una reunión no autorizada, estando proclamado el estado de alarma, mientras el resto quedaba en libertad sin cargos después de permanecer encarcelado durante diez días en la cárcel de Vitoria.

Fuera de la Rioja Alavesa, el movimiento afectó solo a los pueblos aislados. Por haberse oído rumores que el levantamiento se había extendido a Peñacerrada, las fuerzas que habían sofocado el mismo en Labastida se trasladaron allí encontrando la localidad en total calma, a pesar de lo cual detuvieron a cuatro personas, encontrándoles un revolver y una pistola. Al regresar a Peñacerrada, estas fuerzas tuvieron un enfrentamiento con un grupo, produciéndose un tiroteo y resultando muerto un anarcosindicalista, Celestino Monje, y dos heridos graves. En Maeztu, el gobernador civil impuso una multa de 3.000 pesetas a Daniel García de Álbeniz, acusado de participar en los sucesos. En Agurain, la Guardia Civil detuvo a tres afiliados del Sindicato Unico que trabajaban en la fábrica de Ajuria y Urigoitia de Araia. Marín Aspiazu, Juan García y Blas Ochoa fueron puestos en libertad tres días mas tarde, sin dictarse auto de procesamiento contra ellos.

Durante la madrugada y todo el día 9 de diciembre no hubo ningún incidente en Vitoria. El gobernador, García Dorado, declaró que “en el resto de la provincia y en la capital hay tranquilidad absoluta, teniéndose tomadas las medidas necesarias por si se repitiera el intento” El jefe de los servicios del Ferrocarril Vasconavarro, Antonio Salazar, y el gerente de la Cooperativa de Electricidad hablaron con el gobernador para asegurar la vigilancia de las instalaciones de ambos servicios publicos, a lo que este se comprometió, ya que una vez controlada la situación en Labastida iban a regresar las fuerzas anteriormente enviadas allí.

La noche del 9 y el 10 de diciembre estallaron en Vitoria dos bombas, una en la Plaza de Abastos y otra en la calle Santo Domingo, presumiblemente colocadas por anarquistas. Otras tres bombas, preparadas para hacer explosión en el matadero y en la sede de los Jurados Mixtos, no llegaron a estallar por causas diversas. El día 10, la policía detuvo a Leocadio Mesanza y Juan Cruz Vázquez, que portaban un paquete con mechas y detonantes. Procesados posteriormente por tenencia de explosivos declararon haber encontrado el paquete y haberlo cogido para entregarselo a la policía. Esta declaración, contraria a la efectuada por los policías que les detuvieron, sólo sirvió para que el juez absolviera Vázquez y condenara a Mesanza a tres años de presidio menor.

Ante los rumores de que el Sindicato Unico pretendía provocar una huelga general para el día 11 -huelga que, dado que estaba proclamado el estado de alarma, se consideraba ilegal- el gobernador civil ordenó la clausura del Sindicato y detuvo a ocho significados cenetistas de Vitoria. Tal como se preveía, la CNT convocó una huelga general, que fue secundada casi unicamente por sus afiliados, para el 11 de diciembre. Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA) de Álava hizo pública una nota en la que expresaba que, “ante las amenazas de huelga revolucionaria de los elementos extremistas de nuestra capital y algunos pueblos de la provincia, movimiento que ningún beneficio reporta a la clase trabajadora” recomendaba a “todos sus afiliados acudan como un solo hombre al trabajo sin miedo a las coacciones de los elementos revolucionarios”. Los anarquistas formaron piquetes, en la Metalúrgica, la fábrica de Ajuria S.A., popularmente conocida como “La Meta”, que en aquel momento era la empresa que contaba con el mayor número de trabajadores de la ciudad, un grupo de unas cincuenta personas trataba de que la huelga se ampliase. Los anarquistas fueron dispersados y perseguidos por guardias de asalto por la campa de Bastiturri situada en las cercanías de la fábrica en las inmediaciones de la actual calle del mismo nombre, resultando gravemente herido un militante del Sindicato Unico, Francisco Basterra Alonso, de diecisiete años de edad, que falleció poco después de ingresar en la Casa de Socorro “por hemorragia torácica producida por arma de fuego”. Sobre este incidente los miembros de la CNT no dudaron en acusar a la policía de disparar sobre los obreros al no detenerse después de darles el alto. Alguno de los periódicos de la época señaló que había otra versión sobre el suceso que provenía de las autoridades (Gobierno Civil). Esta versión indicaba que la bala que alcanzó a Francisco provenía de un disparo efectuado por los huelguistas y que estaba dirigido a la policía; el disparo –según esta versión- habría alcanzado al joven obrero “al correr ante los guardias.”. La policía supuestamente encontró entre unas matas una pistola que coincidía con el calibre de la bala que causó la muerte de Basterra. Nunca se llegaron a saber a ciencia cierta los hechos que acabaron con la vida del joven.

A raíz de estos incidentes fueron detenidas dieciseis personas pertenecientes al Sindicato Unico, que con los retenidos del día anterior hacían ya un total de 36 anarcosindicalistas privados de libertad en la capital alavesa.

El martes, 12 de diciembre, entraron a la trabajo la mayor parte de los obreros. En Ajuria únicamente faltaron ochenta afiliados a la CNT. El mismo martes por la tarde la situación laboral estaba plenamente normalizada. La mayor parte de los detenidos fueron puestos en libertad y multados por el gobernador, aunque seis de ellos fueron procesados por coacción e insultos a la fuerza armada.

El Ministro de Gobernación por su parte, impuso sendas multas, de 20.000 pesetas a cada una, a Isaac Puente -que permanecería preso primero en Zaragoza y luego en Burgos, hasta mayo de 1934, fecha en la que salió libre, al afectarle la Ley de Amnistía- y a Daniel Orille, principal dirigente anarquista vitoriano, que igualmente continuo en la cárcel de Vitoria hasta mediados de 1934, acusado de haber estado en Barcelona, dirigiendo el movimiento de esta ciudad. Por otra parte, los locales de la CNT en Vitoria permanecieron clausurados, con motivo de los sucesos de diciembre, hasta el mes de mayo de 1934. La CNT se quedaba descabezada en Araba y fuera de la legalidad hasta mayo de 1934 y su extrema debilidad repercutiría en acontecimientos posteriores.

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